Por Elías Ramos.

La vorágine de acontecimientos acaecidos desde octubre del 2019 en adelante es digna de un argumento de una serie de acción. En 6 meses pasamos por un estallido de violencia derivado de la mayor movilización social en Chile de las últimas décadas, a una fuerte restricción de la libertad de desplazamiento y enérgicas acciones para evitar la propagación del virus Covid-19, que ha afectado a cientos de miles de compatriotas y causado más de 10.000 muertes a la fecha. Al día de hoy, cuarentenas, cordones sanitarios, mascarillas, reporte diario y videollamadas son expresiones que se han vuelto parte de nuestro lenguaje cotidiano. Y en medio de todo esto, un proceso constituyente, derivado de un acuerdo transversal de los principales actores políticos del país.

La principal crítica que se esgrime frente a la Constitución Política de la República aún vigente es la de su origen espurio, el cual le resta legitimidad. Ni las más de 220 reformas – la última de ellas que permitió el retiro de fondos de las cuentas de capitalización individual de las AFP – ni los 40 años de vigencia parecen ser suficientes.

En las últimas tres décadas, Jürgen Habermas dio visibilidad global al concepto de “patriotismo constitucional”. Se trata de una especie de intento de refundación nacional, mediante el establecimiento de valores centrales que, como contenidos universalmente aceptados por la ciudadanía, permitirían orientar el desarrollo social de la nación que, privada de sus otros elementos subjetivos, debe encontrar una razón para la unidad nacional. Chile tiene su propia profunda herida, que viene de mucho antes del quiebre social, político e institucional de la década del 70. Su crisis es de identidad, de sentido de pertenencia, de visión social y de un relato que la acompañe. Lo que actualmente busca es el consuelo del abandono de un Estado frente a sus expectativas, en una Carta Fundamental y refundacional.

Es por esto que el proceso constituyente es tan importante, y más importante aún, que se haga bien. El primer paso es el plebiscito de entrada, programado para el próximo 25 de octubre. De ganar el apruebo, se entiende manifiesta la voluntad soberana de abrir camino no sólo a una reformulación institucional, sino que a la relación entre los individuos, y de éstos con el Estado, y el papel de éste último en relación de los derechos fundamentales. De ganar el rechazo, se entiende que la ciudadanía prefiere mantener el marco institucional actual, bajo el cual realizar los cambios que el país necesita, legitimando la Constitución vigente. Lo que está en juego no es poco, pero principalmente es sanjar la cuestión de la legitimación del principal cuerpo normativo de una nación, entonces, la participación en esta elección es clave. Por eso llama la atención que la clase dirigente no haya puesto su empeño en esto, y continúe en el status quo (incluido el Servicio Electoral) frente a la certeza de que el sufragio más importante de las últimas décadas se realice en medio de una emergencia sanitaria cuya principal estrategia de sobreviviencia es el confinamiento y aislamiento social. Ni hacerlo en dos días, llevar el propio lápiz o usar elementos de protección, podrán hacer frente a la tremenda inequidad que se nos avecina, donde las comunas más pobres han sufrido mayores contagios y muertes. Por lo cual, sumado a la falta de medios seguros de desplazamiento, habrá varios problemas que obstaculizarán en gran manera la participación en este plebiscito. Por otro lado, es irresponsable esperar que las personas mayores participen, con los riesgos evidentes que trae aparejado el contagio.

En definitiva, es contrario a toda lógica no advertir lo que parece evidente. No es posible dar espacio a un evento de participación política de tanta trascendencia para el país en medio de una pandemia, menos cuando el calendario electoral contempla una fecha el 11 de abril de 2021 con la elección general de Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales, trasladando la elección de los miembros del órgano constituyente (de ganar el apruebo) al 21 de noviembre 2021, junto con la elección general de Presidente de la República, Senadores (en las circunscripciones que corresponden), Diputados y Consejeros Regionales.

Que no nos pase lo que ya se ha vuelto un adagio popular, llevar adelante un proceso de reconciliación y reconstrucción nacional, a la chilena.

Se nos presenta la oportunidad de retomar el diálogo republicano previo al plebiscito de entrada, donde la búsqueda de elementos comunes y aglutinadores, no sólo se refleje en el contenido de una carta magna, sino que en la determinación de sacar adelante una consulta de forma segura, consiente e inclusiva, de manera tal que todos los ciudadanos que así lo dispongan, puedan sufragar. De lo contrario, en vez de generar un patriotismo constitucional, la mancha de la imposibilidad de una amplia participación de la comunidad nacional, será motivo futuro de reclamaciones por una nueva falta de legitimidad.

 

Sobre el Autor:

Abogado y Máster en DDHH, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica.