Autor: José Cisternas Tapia

En razón de los últimos proyectos de ley que se han ingresado al Congreso Nacional, referente a materias relacionadas con la “Eutanasia” y “Aborto Libre”, es de saber que se han planteado bajo la premisa de que no se trata de obligar a alguien a actuar de una determinada forma, sino que, por el contrario, de no criminalizar a aquellos que toman una decisión conforme a sus convicciones personales.

A raíz de estas iniciativas legislativas y, en especial, en virtud de lo sucedido por la ley de despenalización del aborto en tres causales, se ha planteado como una especie de salvaguarda para ciertas personas e instituciones, establecer el derecho a la objeción de conciencia, como una garantía a la libertad de conciencia individual y al debido resguardo del ideario de las personas morales.

A pesar de que los promotores de estos “derechos sociales” consideran que sus aspiraciones no son otra cosa que una garantía legal a sus libertades individuales y que, en consecuencia, solo va en beneficio de ellos, han considerado a la objeción de conciencia como una cortapisa al ejercicio de sus pretensiones.

En efecto, la gran dicotomía que se está dando hoy en día es que, por un lado, los promotores de tales libertades solicitan que se les permita obrar conforme a su conciencia, creencia y valores, pero, por otro lado, se le cercena ese legítimo derecho a quienes piensan distinto y, por ende, se les solicita obrar en contra de sus convicciones personales e idearios institucionales.

A raíz de lo anterior, se está produciendo, como resultado, la siguiente paradoja: los verdaderos objetores de conciencia, hoy en día, no son aquellos que rechazan el cumplimiento de un imperativo jurídico en base a su pensamiento o ideario, sino que, por el contrario, son aquellos que ocultando sus verdaderas pretensiones (como ocurrió en la tramitación de la ley de despenalización del aborto en tres causales y la intención soterrada de legislar finalmente sobre obtener una legislación que establezca el aborto libre o sin causal de justificación) o su conciencia, respecto a ciertas visiones de sociedad, actúan en principio contra sus propias creencias, constituyéndose en una especie de desobediencia a su propio imperativo moral, el que podría transformarse, sin lugar a dudas, en una actuación contra mandato legal.

En efecto, no son pocas las situaciones en que la clase política, habiendo manifestado a viva voz una postura valórica en su época de campaña, oculta sus verdaderas pretensiones en aras de un fin electoral, transformándose dicha objeción en una desobediencia a un mandato electoral, casos al respecto en la historia de nuestro país han existido y, para ser justos, no mencionaré ningún ejemplo en particular, para no herir susceptibilidad alguna.

Finalmente, más que cuestionar a aquellos que obran conforme a su conciencia y se niegan a realizar una actuación injusta, como sostiene Rawls (indicándolos como los responsables de la no concreción en la práctica de estos “derechos”), creo que, como sociedad, se debiese enjuiciar a aquellos que, ocultando sus verdaderas convicciones morales, terminan actuando no solamente contra lo que prometieron defender, sino que, a su vez, contra aquello que se comprometieron a hacer o no hacer.

Autor: José Cisternas Tapia