Autor: Samuel Muñoz Rozas

Las distintas luchas por “derechos sociales” se han convertido en pan de cada día en nuestro país. Año tras año van apareciendo movimientos que, poco a poco, comienzan a tomar relevancia en la opinión pública, pero no necesariamente porque los temas que plantean tengan una fuerza que logre convocar a gran parte de la población. Más bien, en la mayoría de los casos, se trata de discusiones impulsadas por pequeñas élites que logran llamar la atención de los medios de comunicación, actuales difusores de las “verdades reveladas”, quienes se encargan de modelar el pensamiento del ciudadano promedio, incapaz de discriminar la calidad de la información que se le presenta.

Aborto libre (seguro y gratuito), el derecho al reconocimiento de la identidad de género, el derecho al buen morir, etc., son temas que, bajo tal clasificación (derechos sociales), para bien o mal, se han logrado instalar en diversos espacios de nuestra sociedad y, con el paso del tiempo, han empezado a generar cada vez más fricción entre los diversos sectores que la conforman.

A simple vista, se visualiza un sector que clama por aumentar los espacios de autonomía individual y otro, por su parte, que hace esfuerzos por mantenerlos en el actual límite. Si miramos con detención, ambas posiciones son la demostración de la interrelación que hay entre los sentidos de libertad positiva (la capacidad de un individuo de ser su propio dueño, que su vida y sus decisiones dependan de sí mismo y no de fuerzas exteriores) y negativa (una persona es libre mientras no sea obstaculizado por otros) de los que hablaba Isaiah Berlin en 1958, en su ensayo “Dos conceptos de libertad”.

Posiblemente, gran parte de los seres humanos desearíamos tener la posibilidad de concretar cada uno de nuestros proyectos de vida, según mejor nos pareciera, sin necesitar de algo más que nuestras propias capacidades. Sin embargo, tal posición es utópica. El establecimiento de límites es lo que ha permitido la coexistencia entre los seres humanos a través del tiempo. De otra forma, nos regiríamos por la ley de la selva y simplemente primaría la selección natural.

Ahora bien, a medida que avanza el tiempo y las sociedades van desarrollándose, es posible notar que aquellas líneas de coexistencia tienden a modificarse, principalmente, porque los ciudadanos alcanzan mayores niveles de bienestar y eso provoca que aparezcan nuevas necesidades y/o requerimientos. Aquí aparece el Estado, jugando un rol preponderante, ya que en él se expresa, en teoría, la voluntad de quienes conforman una nación y las posibilidades de modificar aquello a lo que se puede acceder.

Dada la posición de privilegio alcanzada por esta organización, hallamos diversas ideologías que buscan orientar su quehacer al interior de una nación. Una de ellas es el liberalismo, doctrina que intenta recudir al mínimo su influencia (la del Estado) en la vida social, económica y cultura de los ciudadanos. En Chile, la adopción de esta filosofía, ha tenido matices. No obstante, importantes grupos políticos actuales dicen profesarla y es aquí donde quiero profundizar.

¿Qué tipo de liberalismo es aquel que para ampliar las libertades individuales se ve en la necesidad de aumentar el tamaño del Estado y, por ende, su influencia en la vida social, económica y cultural de las personas? El liberalismo igualitario, más de alguno podría decir. Sin embargo, cabe señalar que dentro de esta misma corriente de pensamiento el Estado también tiene límites de injerencia y, además, su rol apunta a un garante de libertades básicas y aun resolutor de desigualdades (económicas y sociales). No, necesariamente, a un aparato que tenga que aumentar su tamaño en términos institucionales y, por ende, en relación a un mayor gasto público.

Es así como es posible apreciar que en muchas de las discusiones que hoy enfrentamos (entiéndase entre ellas, el aborto libre -seguro y gratuito-, el derecho al reconocimiento de la identidad de género y el derecho al buen morir) parecieran forzar la interpretación de aquellos postulados sustentados en los aportes de John Rawls. ¿En qué sentido, tales requerimientos, podrían incluirse dentro de las libertades básicas? ¿Son equivalentes a la libertad de conciencia o a la libertad de expresión, por ejemplo? ¿En estas últimas el Estado debió incurrir en un mayor desembolso presupuestario? ¿Tuvo que limitar la libertad de otros?

En lo que respecta a la resolución de desigualdades ¿En qué sentido el aborto libre hace más igualitarios a los ciudadanos? ¿Si los ricos pueden matar a un bebé en gestación? ¡La impunidad en la que han quedado quienes han infringido la ley, accediendo a abortar, jamás puede ser un determinante de justicia social!

Por su parte, en lo relativo a la eutanasia o al reconocimiento de género ¿Dónde está la expresión de la desigualdad? ¿En qué algunos pueden viajar a otro país para llevar a cabo aquello que aquí no se permite y así pueden vulnerar el espacio legislativo al que está sometido todo ciudadano chileno? ¿Ese es el parámetro moral en que deseamos basarnos? ¿Hasta qué punto vamos a permitir forzar la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”?

Definitivamente hay mucho por discutir aún. No obstante, hay un hecho concreto. A diferencia de otras libertades en las que se ha avanzado, estas que se están reclamando provocarán un engrosamiento del Estado y una mayor injerencia de este en la autonomía de los individuos. Ya quedó expresado en lo sucedido con el aborto en 3 causales y las limitaciones establecidas para quienes reciben recursos de su parte ¿Ese tipo de libertad desea en el futuro? La interrogante queda manifiesta.

Autor: Samuel Muñoz Rozas