DECLARACIÓN OFICIAL

Declaración pública en PDF

El movimiento Reforma Chile, mediante la presente, manifiesta su posición frente a los hechos acontecidos en función del dictamen publicado por la Contraloría General de la República de Chile, que declara la ilegalidad del Protocolo para la Manifestación de Objeción de Conciencia, reflejado en la resolución exenta N° 432 del Ministerio de Salud, de fecha 22 de marzo de 2018.

Por lo tanto, señalamos lo siguiente:

 

  1. Es de toda importancia que los diversos pronunciamientos, por parte de órganos de la Administración del Estado, cumplan con los procedimientos establecidos por ley, independientemente de la urgencia que pudiese tener una determinada situación en la coyuntura. Éstos deben velar, también, por dar correctas señales de cumplimiento de normas hacia la población

 

  1. Comprendemos que el Estado, según el artículo 19, N°9 de la Constitución Política de la República de Chile, debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo y que, al mismo tiempo, debido a la falta de infraestructura de los servicios de salud pública, exista la posibilidad que instituciones privadas de salud puedan realizar prestaciones en el marco del Decreto con Fuerza de Ley N°36 de 1980, del Ministerio de Salud.

Sin embargo, consideramos inapropiado que, en función de tal reglamentación, se vulnere el derecho consagrado, mediante pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como lo es la Objeción de Conciencia Institucional, enmarcada solo al amparo de la Ley de Despenalización del Aborto por 3 causales, para las prestaciones de salud respectivas.

Adicionalmente, y en relación con lo que se señala previamente, es de vital importancia que se respete el derecho constitucional consagrado, también, en el artículo 19, N°6 que respalda “la libertad de conciencia, la manifestación todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.

 

  1. Debido a la fricción que el legislador, y organismos del Estado, han provocado en las diversas normas mencionadas previamente se ha generado un nivel de incertidumbre jurídica que no es sostenible en el tiempo.

Primero que todo, porque ciudadanos de nuestro país, por una parte, puede que se vean privados de acceder a prestaciones de salud acordes a las exigencias que éstos tienen y, por otra, también es posible que se vulnere el derecho que éstos tienen a profesar libremente sus creencias, actuar en función de ellas, en los espacios físicos permitidos.

Segundo, porque también se está vulnerando la autonomía e ideario de las instituciones privadas de salud, toda vez que, por un convenio, se limitan las decisiones que éstas pudieran adoptar, en relación con las prestaciones del aborto en 3 causales, afectando a todas las demás que están previstas.

Tercero, porque al momento en que el Estado limita la autonomía de una institución privada, motivada por la transferencia de recursos públicos, también se está estableciendo un precedente para otras instituciones privadas que, por algún motivo, podrían recibir recursos públicos y, por lo tanto, ver limitado el legítimo proyecto social que intentan llevar a cabo.

Finalmente, es importante destacar que ante estas visiones contrapuestas dentro de la sociedad civil, el Estado debe promover una integración armónica de todos los sectores de la Nación, por lo que dicho ente, al momento de actuar debe en resumidas cuentas respaldar a todas las personas, sean naturales o jurídicas, sin discriminación, no pudiendo coaccionar su reconocimiento o amparo, conforme a la visión o ideario de estas.